Derecho Cultural Mexicano

Sinopsis de Derecho Cultural Mexicano

El libro que el lector tiene en sus manos es resultado de un proceso en el que se conjugan la trayectoria profesional del autor y un contexto social urgido de reflexiones valiosas sobre los problemas jurídicos del patrimonio cultural mexicano. FRANCISCO JAVIER DORANTES DÍAZ, jurista y abogado practicante, intelectual comprometido con la sociedad de su tiempo y experto funcionario federal en diversas instituciones del sector cultural nacional a lo largo ya de más de una década, vierte su amplio conocimiento acumulado en la obra que ahora ve la luz. A lo largo de cinco apartados, el también profesor de posgrado analiza con notorio rigor diversos problemas jurídico culturales, la mayoría de ellos técnicamente complejos y que exigen tanto entrenamiento multidisciplinario como un criterio agudo para su resolución. El autor postula acertadamente que la reforma al ordenamiento jurídico federal mexicano sería insuficiente si sólo se modificaran disposiciones legislativas aisladas y no un conjunto sistemático de ellas. Para DORANTES, se requiere de asumir a la cultura no únicamente como obligación del Estado sino más bien como derecho fundamental de carácter difuso, colectivo y de tercera generación. Destaca igualmente que es necesario definir y catalogar a las industrias culturales como actividad prioritaria para el desarrollo nacional, debido a su valor económico e impacto político; señala que debe establecerse en el artículo 27 de la Constitución, una reserva de ley que ofrezca soporte constitucional a las modalidades de interés público respecto al patrimonio cultural; por lo cual considera que es indispensable restablecer, a través del artículo 73 de la Constitución, el sistema competencial de facultades concurrentes entre el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales reservando en forma exclusiva al primero lo arqueológico, histórico y artístico de interés nacional. Ajustes que darían origen a un Ley General de Cultura, y a leyes de cultura en el ámbito de las entidades federativas. En otro de sus apartados, antepone la exigencia de arribar a definiciones básicas sobre la política cultural nacional antes de optar por una determinada forma de administración pública, al tiempo que pasa a discutir los aspectos teóricos de las opciones y posibilidades institucionales y normativas para la creación de una Secretaría de Estado, o bien, de un órgano constitucional autónomo -en lo federal-responsable de la administración de la cultura. Estas son algunas de sus preocupaciones y propuestas. Estamos seguros que esta publicación contribuirá a incrementar una línea bibliográfica tan delgada, a la vez que impactará en el avance de la ciencia jurídica y la solución de los problemas jurídicos de la cultura en México.